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MensajearMorelia, Mich., a 12 de enero del 2020.- Al no dar respuesta a la petición de 16 afectados por la explosión de granadas que tuvo lugar en el Centro Histórico de Morelia en septiembre de 2008, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) violó los derechos constitucionales de los afectados, determinó una jueza federal.
El 29 de junio de 2018, en medio de un tortuoso proceso burocrático, 16 afectados por estos hechos solicitaron a la CEAV su inscripción al Registro Nacional de Víctimas, para poder acceder a los recursos del Fondo de Víctimas que la ley contempla como un derecho.
De acuerdo con la Ley General de Víctimas, el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV debió integrar el expediente inicial en 4 días, y luego, en un plazo máximo de 20 días, concluir el proceso y emitir una resolución, pero nada de eso ocurrió, ni se les dio una respuesta a las víctimas.
Por estos hechos, los afectados interpusieron una demanda colectiva de amparo, dándoles la razón la jueza Ana Luisa Priego Enríquez.
“(La CEAV) ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa al no llevarse el procedimiento de manera pronta y expedita confirme a los plazos legales (…) dicho acto omisivo les ha impedido acceder de manera efectiva a las medidas establecidas por la normativa cuyo fin es garantizar los derechos de las víctimas”, determinó la jueza.
Destacó que las omisiones de la CEAV representan una violación al artículo 17 de la Constitución, que establece el derecho a una justicia pronta y expedita para los mexicanos.
Hoy, más de 10 años después de los granadazos en el Centro Histórico de Morelia, los inculpados han sido liberados y las víctimas siguen en el abandono institucional.
