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MensajearWashington D.C., EEUU, a 13 de junio del 2020.- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció una norma que permite que el gremio médico se niegue a practicar abortos y le autoriza a rechazar cirugías de reasignación de sexo para personas transexuales, lo que hasta ahora era ilegal.
El decreto, anunciado por el Departamento de Salud, afecta al gremio médico, hospitales y compañías de seguros que reciben fondos federales.
La nueva regulación sustituye a otra norma que había sido aprobada en 2016 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), quien -por primera vez en la historia- incluyó una definición amplia de género, que podía ser "hombre, mujer, ninguno o una combinación de hombre y mujer". Frente a ello, la iniciativa de Trump considera que el género es "hombre o mujer definido por la biología".
La regulación que aprobó Obama para prohibir la discriminación no llegó a entrar totalmente en vigor porque en diciembre de 2016 fue suspendida por un juez de Texas, por lo que el anuncio de Trump este viernes tiene un gran contenido simbólico y busca satisfacer a su base electoral de la derecha cristiana. Además, la norma de Trump sí otorga protecciones legales a quienes que se nieguen a atender a pacientes transexuales y que no quieran practicar abortos, con base en sus creencias.
Asimismo, la regulación deja sin protección a pacientes que no hablan inglés -que ya no tendrán derecho a un servicio de traducción- y afecta a las personas con discapacidad que no podrán reclamar al hospital ayuda para acceder a sus instalaciones. También, perjudica a quienes tienen dificultades para ver y oír porque ya no tendrán derecho a la tecnología necesaria para entender al equipo médico que les atienda.
Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha erosionado los derechos del colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ), en un gesto hacia su base electoral más conservadora. También, ha tomado medidas para dificultar el acceso al aborto, como dejar sin fondos públicos a las clínicas de planificación familiar que ofrecen abortos o desvían esos procedimientos a otros especialistas.
