Normalistas liberados, sujetos a medidas cautelares: ALS

Morelia, Mich, 07 de octubre de 2016.- Para Adrián López Solís, secretario de gobierno la liberación de los últimos ocho normalistas si bien están en libertad, “se encuentran sujetos a medidas cautelares y expuestos a ser sancionados en una resolución definitiva que determine el poder judicial que lo hace en uso pleno de su autonomía”. Por cuanto a quién habrá de reparar el daño a los empresarios afectados con la quema y retención de los autobuses, respondió que eso se encuentra contemplado en la propia Constitución “establece la responsabilidad patrimonial del estado ante determinados hechos y hay mecanismos para hacerlos valer”.

Entrevistado en la celebración por el Día del Notario, el responsable de la política interna del estado no tuvo más remedio que aceptar ser entrevistado, luego de más de cinco días que no había aparecido en un acto público para dar una postura sobre la liberación de los normalistas y más de un mes de mutis que ha mantenido el propio jefe del ejecutivo, pese a que se han intensificado problemas de inseguridad e inconformidad de diversos sectores de la sociedad en la entidad.

¿Hubo negociación para la salida de los normalistas?, se le cuestionó, a lo que dijo que “las reglas del Nuevo Sistema de Justicia Penal son garantistas, ven algunos principios fundamentales como presunción de inocencia y del debido proceso; en tal caso, los jueces tienen libertad para determinar con base a los elementos que aportan las partes cuando una persona puede seguir su proceso en libertad y cuando debe estar con una medida de prisión preventiva”.

Destacó que esas personas están en libertad “sujetos a medidas cautelares y expuestos a ser sancionados en una resolución definitiva que determine el poder judicial que lo hace en uso pleno de su autonomía”. Y aclaró que los procesos jurídicos no se agotan en los momentos en que se detiene a los individuos, “por el contrario, inicia toda una serie de eventos y actos encaminados en fijar la responsabilidad para quien la tuviera”.

Por cuanto a los empresarios afectados, López Solís reconoció que “el gobierno comprende y se responsabiliza de la situación o efectos que causan acciones de esta naturaleza en el entendido de la obligación nuestra para brindar seguridad de las actividades cotidianas; tan pronto se hizo este anuncio de que suspenderían las corridas se hizo los contactos para ofrecerles algunos mecanismos de protección y permitieran inhibir la situación y generar confianza para recuperar esta actividad, este tema duró algunas horas de viernes a sábado, pudimos reestablecer, en acuerdo con ellos, que se pudiera volver al servicio de transporte de pasajeros y de entonces a la fecha ya no se ha interrumpido”.

Ante la interrogante de ¿quién reparará el daño?, el funcionario dijo que “en el caso del estado mexicano en su conjunto, hay un capítulo a nivel constitucional que establece la responsabilidad patrimonial del estado ante determinados hechos y hay mecanismos para hacerlos valer”. Informó que de las poco más de 200 unidades que fueron retenidas, hoy solo quedan alrededor de 90, “seguimos en un proceso de diálogo para mitigar la presión, el riesgo de que las dañen de manera total, vamos a agotar todavía –aunque suene poco esperanzador- la posibilidad de diálogo, conscientes que esto nos llevará a una solución tarde que temprano”.